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Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT)


El 2 de marzo 2004 fue sancionada la Ley N° 25.877 por medio de la cual se creó el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), cuya misión es controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional y combatir el trabajo no registrado. Esta norma establece además que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la autoridad de aplicación de este sistema y está facultado para verificar infracciones de los empleadores a las obligaciones de la seguridad social y aplicar las penalidades correspondientes.

Este plan surgió como una respuesta frente al elevado índice de trabajo no registrado en el empleo asalariado con los perjuicios que acarrea tanto en la situación de los trabajadores y empleadores como en la financiación de las prestaciones sociales.

Si bien los empleadores tienen la obligación de declarar y registrar a los trabajadores, es el Estado, mediante este plan, quien pone en práctica su rol de contralor de la normativa laboral y de la seguridad social, verificando su cumplimiento; logrando así la registración plena de los trabajadores en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente: trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Con este plan el Gobierno nacional procura combatir el trabajo no registrado; verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto de los derechos fundamentales del trabajo y la debida protección social; alcanzar una mayor eficiencia en la detección y corrección de los incumplimientos de la normativa laboral y la seguridad social; lograr la incorporación al sistema de la seguridad social de los trabajadores excluidos; lograr que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación y difundir la problemática derivada del empleo no registrado y los beneficios de su regularización.

La magnitud alcanzada por los incumplimientos de las obligaciones al sistema de seguridad social y el impacto de sus nocivas consecuencias, requería de un firme compromiso capaz de manifestarse a través de acciones concretas, que promuevan una armónica y eficaz intervención de los distintos organismos nacionales, a cuyo cargo se encuentra el control del cumplimiento de la normativa sociolaboral.

La ejecución operativa del PNRT se realiza de manera descentralizada, siendo las 36 Delegaciones Regionales del MTEySS distribuidas en todo el país y la Dirección de Inspección Federal, con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las encargadas de llevar a cabo la fiscalización.

Asimismo, resulta significativo tener en cuenta que tanto en la etapa de planificación y selección descentralizada de empleadores a fiscalizar, como en el momento en que se efectúa la verificación del cumplimiento de la normativa sociolaboral por parte de los mismos, los agentes intervinientes proceden a realizar un cruzamiento de las bases de datos informáticas con que cuenta la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), todo ello a través del enlace directo entre las distintas dependencias distribuidas en todo el territorio nacional.

El Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) se complementa con una campaña de difusión y concientización social, mediante la entrega de material específico a empleadores y trabajadores, orientado a explicitar las normas y procedimientos vigentes, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales establecidas en la legislación sociolaboral y promover el compromiso de los actores sociales sobre la necesidad de cumplir las normas laborales y de la seguridad social, a fin de crear la disposición necesaria para que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde.

De esta manera se pretende contribuir a desalentar la competencia desleal y reducir el índice de evasión de los recursos de la seguridad social, para asegurar el financiamiento por parte del Estado de las prestaciones previsionales y sociales, a la vez que mejorar la protección de los derechos esenciales de los asalariados, ya que los trabajadores incluidos en el sistema de seguridad social gozan de beneficios previsionales, cobertura de riesgos del trabajo, obra social, asignaciones familiares, prestaciones por desempleo, etc., a los que no acceden los trabajadores excluidos, a quienes se los somete a una precariedad socialmente inaceptable.

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